Bartolomé Vargas. Fiscal coordinador de Seguridad Vial. Ha reforzado la respuesta a la delincuencia del tráfico y ha incluido las conductas viales en el Código Penal
La Fiscalía de Seguridad Vial nació en 2006 para sacar de las carreteras a los conductores que las convierten en un peligro público. Cinco años después, su coordinador, Bartolomé Vargas (Córdoba, 1950), todavía lucha contra el "rechazo social" a que el comportamiento dentro de un coche también se rija por ley.
El descenso de muertos en carretera en 2010 es el menor de los últimos cinco años. ¿La caída de la siniestralidad ha llegado a su tope?
Nunca se llega al tope porque hay que luchar por la utopía, que siempre es necesaria. Y la utopía es muertos cero. Las víctimas han descendido de manera muy intensa en los últimos años, pero hay que seguir actuando como hasta ahora.
¿Ha perdido su efecto el carné por puntos?
En absoluto. Ha sido una medida histórica que sigue teniendo un importante efecto disuasivo y educativo. Ha calado en la sociedad, forma parte de nuestro léxico habitual. No ha perdido eficiencia y aportará más beneficios en el futuro.
¿Es eficiente que los puntos se puedan recuperar pagando un cursillo en una autoescuela?
La recuperación es una oportunidad para formarse y eso no tiene precio. Hoy en día, se aprueba el carné de conducir con una formación y una experiencia muy reducidas. Por eso, los cursos de recuperación de puntos son una oportunidad para reciclarse. Los conductores necesitan una formación permanente para su seguridad y la de los demás, y en ese aspecto, se demuestra la vertiente educativa del carné por puntos.
¿Cree entonces que las autoescuelas no son suficientemente rigurosas con las pruebas?
Creo que habría que endurecer los requisitos para obtener el carné de conducir. Las autoescuelas están llenas de buenos profesionales, pero el interés de los alumnos está descendiendo. Las pruebas deberían ser más exigentes y las autoescuelas deberían ofrecer información teórica actualizada y entrar en los porqués de cada cuestión. Para ello, son imprescindibles las clases magistrales, que en muchos casos, lamentablemente, se sustituyen por test a través de internet. Paradójicamente, la formación vial en las cárceles despierta mucho más interés. De hecho, el porcentaje de aprobados es muy notable.
¿Las sanciones en otros países son más duras que en España?
Sí, aquí los castigos son más benevolentes que en Reino Unido, Francia, Alemania y Holanda, por ejemplo. Pero cada país tiene su cultura y el sistema español está adecuado a nuestro momento histórico. No hay reglas uniformes, el derecho se acomoda a los procesos de la historia. En Holanda, por ejemplo, el exceso de velocidad en tres o cuatro kilómetros ya está sancionado, pero allí hay más conocimiento científico. Un niño de 12 años ya sabe los límites de velocidad y aprende cosas que aquí aprendemos cuando nos queremos sacar el carné. La clave no está en las sanciones, sino en la educación. Pero recurrimos a los castigos para llegar donde no llega la educación.
¿Ha fracasado entonces la educación vial en España?
No ha fracasado, pero tiene que mejorar. Es necesaria una apuesta institucional de mucho calado.
¿Por qué hay gente que piensa que las sanciones de tráfico están hechas para recaudar?
Las críticas son fruto de la falta de una cultura de seguridad vial. Hay un rechazo social a que la ley se aplique en este ámbito, a que haya normas en las carreteras. Antes, estas eran un coto privado, incluso de caza para algunos. De hecho, el perfil que más nos preocupa es el de los inmunes a la aplicación de la ley, la gente que no cree en la sociedad ni en las normas. La carretera tiene que ser un espacio de convivencia en lugar de un cementerio.
Hay 1.529 personas en la cárcel por delitos de tráfico. ¿Reducirá esta cifra la incautación del vehículo a los infractores contemplada en la reforma del Código Penal?
La reforma pretende dar más facultades al juez para personalizar las condenas. El decomiso del vehículo no sustituirá a la pena de cárcel. Es una consecuencia accesoria que está presente en el derecho comparado europeo y que busca reservar la prisión para los casos más extremos. La incautación, además, tiene también una finalidad educativa porque acaba con la idea del coche como propiedad absoluta del conductor.
¿Cree que el riesgo de perder el coche disuadirá a los posibles infractores?
Por supuesto. Precisamente por esta idea de propiedad, también asociada a la velocidad, la nueva medida que contempla el Código Penal será altamente disuasoria.
Algunos colectivos denuncian que la medida es desproporcionada y calculan que cada año serán decomisados 50.000 vehículos.
La ley obliga a los fiscales a actuar bajo el principio de proporcionalidad. La sanción se adecua a la gravedad del hecho y tendrá en cuenta las circunstancias del delito y del conductor.
Publicado en: PUBLICO.ES
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